El gobierno de Estados Unidos ha revocado las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, en el marco de una escalada en su estrategia contra los cárteles de la droga y sus presuntos aliados en el ámbito político, según reveló este martes la agencia Reuters.

 La medida, confirmada por dos fuentes mexicanas anónimas, incluye principalmente a miembros del partido gobernante Morena, así como a decenas de figuras de otras fuerzas políticas, lo que ha generado una discreta conmoción en las élites políticas del país vecino.

Esta acción sin precedentes se enmarca en la política de «mano dura» impulsada por la administración del presidente Donald Trump, quien ha intensificado la presión sobre México para combatir el narcotráfico. Fuentes diplomáticas indicaron que las revocaciones se basan en inteligencia de agencias como la DEA, que vincula a estos funcionarios con actividades ilícitas, aunque no se requiere explicación formal para tales decisiones.

«Las visas pueden ser revocadas en cualquier momento por actividades contrarias al interés nacional de Estados Unidos», afirmó un alto funcionario del Departamento de Estado en respuesta a Reuters.

Hasta el momento, solo cuatro afectados han confirmado públicamente la pérdida de sus visas. Entre ellos destaca la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien en mayo pasado reveló la revocación tanto de la suya como de la de su entonces esposo, negando categóricamente cualquier lazo con el crimen organizado. Otros casos incluyen a Carlos Torres y Sonia Villarreal Pérez, quienes también han desmentido vínculos ilícitos.

Reuters no ha podido verificar los nombres completos de los demás implicados, pero una fuente mexicana de alto perfil estimó que más de 50 pertenecen a Morena, con decenas adicionales de otros partidos.

La noticia ha provocado desconcierto y temor en México, donde los políticos afectados evitan pronunciarse para no interpretarse como admisión de culpa. Expertos como Roberta Jacobson, exembajadora de EE.UU. en México, advierten que estas revocaciones no equivalen a investigaciones penales, pero sí señalan una vigilancia activa.

Exembajadores estadounidenses, como Earl Anthony Wayne (2011-2015), destacan que, aunque revocaciones previas han ocurrido, no en esta magnitud, lo que refleja una «nueva forma de ejercer presión» sobre México.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum negó tener información oficial sobre los afectados. «No es información que nos compartan; se les informa directamente a ellos», aclaró, enfatizando que el gobierno mexicano no ha recibido notificación formal de Washington.

Sheinbaum ha mantenido una colaboración estrecha con EE.UU. en temas de seguridad, pero ha rechazado insinuaciones de acciones militares unilaterales que violen la soberanía mexicana.

Esta ofensiva no es exclusiva de México: en Brasil, más de 20 jueces y funcionarios han perdido visas, mientras que en Costa Rica, al menos 14 políticos y empresarios, incluido el expresidente Óscar Arias, han sido afectados.

Analistas temen que las revocaciones generalizadas eleven tensiones bilaterales, haciendo que la colaboración en seguridad tenga un «costo político demasiado alto» para México, según el exembajador John Feeley.

El Departamento de Estado reiteró que la relación con el gobierno de Sheinbaum es «buena» y busca avanzar en una agenda de «Estados Unidos primero», pero la medida subraya la creciente fricción en un contexto de negociaciones comerciales y de seguridad.

Mientras tanto, la élite política mexicana, acostumbrada a viajes frecuentes al norte, enfrenta ahora una barrera inesperada que podría alterar dinámicas internas y externas.