Un reciente informe presentado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos (GIPES) ante la ONU y la CIDH ha encendido el debate político en El Salvador. El documento califica como arbitrarias las detenciones de aproximadamente 90,000 personas capturadas entre marzo de 2022 y marzo de 2026 bajo el Régimen de Excepción, solicitando su liberación inmediata.
Puntos clave del informe
El GIPES sostiene que el Estado salvadoreño ha incurrido en graves vulneraciones, incluyendo:
- Crímenes de lesa humanidad: Acusaciones de tortura, asesinatos y desapariciones forzadas.
- Irregularidades procesales: Falta de garantías legales en la judicialización masiva.
- Capturas arbitrarias: El informe argumenta que la totalidad de las detenciones carece de sustento jurídico individualizado.
Reacción del Gobierno
El vicepresidente Félix Ulloa rechazó contundentemente el informe, calificando de «genocidio» las cifras de homicidios registradas entre 2009 y 2019 bajo gobiernos anteriores. Ulloa cuestionó la imparcialidad de los expertos y señaló que los actos cometidos por las pandillas son los que verdaderamente constituyen delitos de lesa humanidad que no deben prescribir.
Mientras la oposición política retoma estos hallazgos para exigir una revisión profunda de los procedimientos, el Ejecutivo mantiene su postura: el Régimen de Excepción es la herramienta fundamental que ha permitido pacificar las comunidades y recuperar la seguridad nacional. El choque de narrativas pone de relieve la tensión entre las políticas de seguridad de «mano dura» y los «pobres» estándares internacionales de derechos humanos, desfasados de la realidad que viven las sociedades del mundo.
