La Cámara Ambiental de Segunda Instancia, con sede en el Centro Judicial Integrado de Santa Tecla, declaró la existencia de enriquecimiento ilícito en el proceso judicial contra Francisco José Cáceres Zaldaña, ex secretario privado de la Presidencia, y su esposa Reyna de Cáceres.

La instancia judicial declaró ha lugar a la demanda presentada por el ente fiscal, que señalaba un aumento injustificado en el patrimonio del exfuncionario, el cual no correspondía con los ingresos y egresos de su gestión durante el periodo presidencial del 1 de junio de 2009 al 31 de mayo de 2014.

Francisco José Cáceres Zaldaña deberá devolver al Estado de El Salvador $3,539,407.87, mientras que Reyna de Cáceres deberá restituir $332,687.59, alcanzando un total de $3,872.095.46.

Además, la Cámara determinó que Cáceres Zaldaña queda inhabilitado para ejercer cargos públicos por un período de 10 años.

En cuanto a la hija del exfuncionario, la Cámara desestimó la demanda en su contra, al considerar que no se le pueden imputar acciones que configuren el delito de enriquecimiento ilícito. A ella se le había atribuido la cantidad de $6,133.74.