Gobierno concentra el mando policial en el Ministerio de Seguridad

Un decreto de la Presidencia de la República impulsa una de las reformas más significativas en la estructura de seguridad de El Salvador, transfiriendo el control directo de la Policía Nacional Civil (PNC) al Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

La medida, que elimina al Director General de la PNC como la máxima autoridad operativa, es vista por el Ejecutivo como un paso necesario para fortalecer la coordinación y la eficiencia en la lucha contra el crimen. Sin embargo, la desaparición de la autonomía operativa policial enciende alarmas entre analistas, la oposición y organizaciones de derechos humanos, que la califican como un duro golpe a la autonomía institucional y un paso más en la consolidación del poder en el Ejecutivo.

La reforma, que se hizo efectiva a través de un decreto ejecutivo, modifica las atribuciones de la Ley Orgánica de la PNC, una normativa que fue creada precisamente para profesionalizar a la policía y protegerla de la injerencia política directa. Con este cambio, el Director General de la PNC pasa a tener un rol meramente administrativo, perdiendo el control operativo sobre las unidades especializadas, la planificación estratégica y la toma de decisiones en el campo. Estas funciones ahora recaerán directamente en el despacho del Ministro de Seguridad Pública y Justicia.

Según el Ejecutivo, la medida busca un mando unificado para mejorar la coordinación, optimizar recursos y aplicar con mayor eficacia las políticas de seguridad. Funcionarios sostienen que esta centralización permitirá una respuesta más rápida ante los desafíos en materia de criminalidad.

Diversos analistas y organizaciones han expresado preocupaciones sobre el impacto que podría tener en la independencia institucional de la PNC, creada tras los Acuerdos de Paz de 1992 como una fuerza profesional y no partidista. También se han señalado interrogantes sobre cómo afectará la carrera policial y la estructura interna de la institución.

La reforma ya está en vigor y forma parte de una serie de cambios en el sector seguridad impulsados por el Gobierno en los últimos años.

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