El Gobierno de Venezuela anunció una investigación penal contra el presidente salvadoreño Nayib Bukele, a quien acusa de cometer presuntas violaciones a los derechos humanos en perjuicio de ciudadanos venezolanos que fueron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), tras ser deportados por la administración de Donald Trump bajo acusaciones de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.
El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, aseguró que las acciones contra Bukele se fundamentan en testimonios de venezolanos liberados recientemente, como parte de un acuerdo humanitario que incluyó el canje de presos políticos venezolanos y ciudadanos estadounidenses detenidos por el régimen chavista. Saab sostuvo que los migrantes deportados a El Salvador fueron víctimas de “torturas, golpizas y tratos inhumanos”, lo cual, según sus palabras, constituye un crimen de lesa humanidad.
Además del mandatario salvadoreño, la investigación incluye al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro; al viceministro de Seguridad; y al director de Centros Penales, Osiris Luna. Entre las acusaciones se encuentran supuestos maltratos físicos, aislamiento prolongado, exposición continua a luz artificial intensa y la obligación de mantenerse arrodillados por horas en condiciones degradantes.
Por su parte, el presidente Bukele defendió la operación, afirmando que el traslado de más de 250 venezolanos al CECOT fue parte de una propuesta humanitaria presentada al régimen de Nicolás Maduro en abril, a cambio de la liberación de presos políticos y ciudadanos estadounidenses. El mandatario explicó que el acuerdo fue resultado de una negociación conjunta entre El Salvador, Estados Unidos y Venezuela, en la que su gobierno actuó como facilitador.
Desde el ámbito político salvadoreño, el secretario general del FMLN, Manuel Flores, respaldó públicamente la denuncia del gobierno venezolano y criticó duramente a Bukele. Flores afirmó haber sostenido conversaciones directas con Nicolás Maduro sobre el tema y cuestionó la narrativa oficial que vinculaba a los migrantes con el Tren de Aragua. Aseguró que estas personas no eran tratadas como criminales porque, a su juicio, no lo eran.
Flores calificó el acuerdo como una imposición del gobierno estadounidense y acusó al gobierno salvadoreño de actuar como “carcelero de otros países”, subordinándose a los intereses de potencias extranjeras. En sus declaraciones, también arremetió contra la administración de Donald Trump, a la que acusó de enviar prisioneros a cárceles en el extranjero, incluyendo África.
Las acusaciones contra el gobierno de El Salvador se dan en un contexto de creciente polémica internacional en torno al uso del CECOT y las condiciones de detención en el marco de la estrategia de seguridad implementada por Bukele, mientras su administración defiende la legalidad de sus acciones como parte de la lucha contra el crimen organizado.