El Congreso Nacional de Honduras aprobó la Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal, un severo paquete de reformas promovido por el presidente Nasry Asfura para combatir frontalmente a las estructuras criminales. La normativa modifica 18 disposiciones del Código Penal, Código Procesal Penal y la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, elevando las penas máximas hasta la cadena perpetua.

La prisión perpetua se aplicará a cabecillas y financistas de pandillas, así como a responsables de asesinar a jueces, fiscales, policías o miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Los integrantes ordinarios de estas organizaciones terroristas afrontarán de 30 a 40 años de cárcel, eliminando la libertad condicional para cumplir la totalidad de la pena.

Entre las facultades de urgencia, se autorizan allanamientos sin orden judicial previa, se amplía a 48 horas la detención preventiva y se elimina cualquier medida cautelar alternativa. Asimismo, se establece un régimen presidial de máxima seguridad con aislamiento individual, visitas y llamadas restringidas, identificación biométrica obligatoria y control de tatuajes.

Pese al respaldo mayoritario de diversas bancadas, una minoría del partido Libre se abstuvo por considerar que la ley atenta contra garantías constitucionales. La medida entrará en vigor tras su publicación en La Gaceta.