El Gobierno de Honduras anunció su retiro con efecto inmediato del convenio de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ). Esta medida, oficializada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, responde a una estrategia de soberanía nacional y a un profundo proceso de revisión institucional bajo la Agenda Presidencial 2026-2030.

La Cancillería justificó la decisión señalando que el tribunal ha perdido su carácter multilateral, operando actualmente con solo dos Estados parte. Esta falta de representatividad limita la funcionalidad y operatividad del organismo dentro del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), restándole efectividad como instancia judicial regional. Según las autoridades, las condiciones actuales de la Corte distan mucho de las que motivaron su creación en 1992.

Un factor determinante en esta salida es el impacto financiero. El Estado hondureño dejará de erogar aproximadamente 720,946 dólares anuales, recursos que serán reasignados a prioridades ciudadanas y sectores estratégicos. Esta no es la primera vez que el país toma esta ruta, pues ya se había retirado en 2004 para reincorporarse dos años después. Con este movimiento, Honduras busca optimizar el gasto público y reforzar una postura autónoma, priorizando la eficiencia en su participación dentro de los organismos internacionales.