El régimen de Irán, encabezado por el jefe del Poder Judicial Gholamhosein Mohseni Ejei, ha anunciado una aceleración en los procesos judiciales contra los manifestantes arrestados desde finales de diciembre. Bajo la promesa de juicios «rápidos», las autoridades buscan sofocar la mayor ola de desobediencia civil desde 1979, mientras la comunidad internacional observa con horror la inminente ejecución de Erfan Soltani.

Soltani, de 26 años, ha sido condenado a muerte por el cargo de «moharebeh» (guerra contra Dios). Organizaciones como Amnistía Internacional y el Departamento de Estado de EE. UU. han exigido el cese inmediato de las penas capitales programadas. Las cifras de la represión son alarmantes: mientras el grupo HRANA documenta más de 2,500 muertes, fuentes oficiales admiten por primera vez la cifra de dos mil fallecidos, aunque culpan a «operativos terroristas».

La respuesta global ha sido contundente. El gobierno de Estados Unidos advirtió que actuará con firmeza, sin descartar opciones militares ni sanciones comerciales. Por su parte, Francia calificó la situación como la represión más violenta en la historia contemporánea del país. En un intento por ocultar el alcance de la violencia, el régimen mantiene un apagón digital que ya supera las 130 horas, dificultando la verificación de las víctimas en un escenario de total incertidumbre.