Japón enfrenta una grave crisis demográfica, compensando el $40\%$ de su declive poblacional con trabajadores extranjeros. A finales de 2025, la población foránea alcanzó los 4.1 millones de personas, volviéndose indispensables para sostener la economía frente a una caída anual de 941,000 ciudadanos japoneses. Sin embargo, el gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi ha implementado medidas mucho más restrictivas.

Bajo el paquete de «medidas integrales para la acogida y la convivencia», se aprobó una ley que eleva de cinco a 10 años el período de residencia exigido para solicitar la naturalización. Asimismo, se introdujeron estrictos requisitos de dominio del idioma japonés y un incremento masivo en las tarifas migratorias. El costo para cambiar el estatus o renovar el permiso aumentará hasta 100,000 yenes, mientras que la residencia permanente subirá a 300,000 yenes antes de marzo de 2027.

Este endurecimiento coincide con un creciente rechazo social. Según encuestas recientes, el $37\%$ de los japoneses no ve positivo el aumento de extranjeros, argumentando preocupaciones sobre la seguridad y el respeto a las normas de convivencia locales. Expertos advierten que, sin ellos, la sociedad nipona no podrá funcionar.