Una jueza federal del distrito de Nueva York, Jennifer L. Rochon, dictó una orden de restricción temporal que prohíbe al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizar dinero público para la emisión de anuncios televisivos de carácter político. La decisión judicial surge tras una demanda presentada por organizaciones independientes como Common Cause, quienes cuestionaron la legalidad de estos spots financiados por el Estado que comenzaron a transmitirse a finales de septiembre de 2026.

Los anuncios en cuestión muestran a Trump defendiendo sus políticas, previniendo sobre el comunismo y alertando acerca de una supuesta «batalla final» contra los «globalistas», concluyendo con leyendas que confirman sufragio gubernamental. Estas transmisiones generaron duras críticas desde sectores demócratas y republicanos, al considerar que constituían una autopromoción financiada de forma irregular con los impuestos de los contribuyentes.

Por su parte, la defensa gubernamental argumentó que dicha orden restrictiva resultaba innecesaria dado que las transmisiones programadas finalizaban de inmediato. No obstante, Trump había defendido públicamente los spots como una «promoción positiva» de Estados Unidos, aunque anticipó su cese con fondos fiscales. Con esta medida cautelar, la administración queda impedida de renovar o difundir cualquier material similar durante las próximas dos semanas.