El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel instaló este lunes el juicio contra cuatro exmilitares acusados de participar en la masacre de San Andrés, ocurrida durante el conflicto armado salvadoreño en 1981. La Fiscalía General de la República (FGR) los señala como miembros de un escuadrón de la muerte vinculado con estructuras paramilitares.
Los imputados son José Inés Benavides (“Necho”), José de la Cruz Orellana (“Chepe Proyecto”), Aníbal Alvarado Benítez (“Chele Aníbal”) y Luis Alonso Benavides Polio. Dos de ellos enfrentan el proceso en libertad con medidas sustitutivas y los otros dos permanecen en prisión preventiva.
Según la FGR, el 7 de abril de 1981, los cinco civiles asesinados fueron secuestrados de sus viviendas en el cantón San Andrés, San Miguel, por sujetos vestidos con uniformes militares. Sus cadáveres fueron encontrados al día siguiente en el cantón Caulotillo, San Alejo, La Unión. Las víctimas fueron Ángel Chávez Benavides, María Verónica de Chávez, José Luciano Benavides, Guillermo Magaña Castellón y Rogelio Magaña Castellón.
El Ministerio Público afirma que los cuerpos presentaban signos de tortura, mutilaciones y heridas de bala, y que el ataque fue motivado por una denuncia de un informante o “oreja” al C2, una estructura de inteligencia militar vinculada a los escuadrones de la muerte.
Las víctimas eran personas civiles sin vínculos con grupos subversivos, según la investigación. Entre ellos había un presidente de cooperativa, una maestra, jornaleros y estudiantes. El caso ha sido clasificado como crimen de guerra y de lesa humanidad.
La FGR ha presentado cargos por asesinato, privación de libertad, robo, asociaciones ilícitas y violaciones a las leyes de guerra. Durante cinco días de vista pública se prevé la participación de 15 testigos y ocho peritos en áreas como antropología forense, psicología, análisis físico-químico y contexto social.
Este juicio representa la primera vez que una estructura paramilitar de la guerra salvadoreña enfrenta juicio por un crimen de lesa humanidad. Uno de los acusados, Aníbal Alvarado Benítez, fue expulsado de EE. UU. en marzo pasado, donde residía de manera irregular.