El presidente Luiz Inácio Lula da Silva intensificó su crítica a la escalada de violencia en Río de Janeiro, al urgir un cambio de paradigma en la lucha contra el crimen organizado.

Tras la controvertida «Operación Contención», que dejó más de 120 muertos –incluidos cuatro policías–, Lula llamó a «centrarse en los cabecillas» de las facciones criminales, priorizando inteligencia y desarticulación financiera sobre operativos letales que afectan a comunidades vulnerables.

La operación, lanzada el 28 de octubre en los complejos de favelas de Alemão y Penha, buscaba desmantelar al Comando Vermelho (CV), la banda más antigua y poderosa de Brasil. Liderada por el gobernador Cláudio Castro, sin coordinación previa con el Gobierno federal, resultó en un saldo devastador: 116 presuntos narcotraficantes abatidos, decenas de detenidos y un arsenal incautado que reveló el poderío bélico de los grupos armados.

Sin embargo, el presidente calificó el accionar como «una orden de matanza, no de arresto», denunciando ejecuciones sumarias y violaciones a los derechos humanos.

En un mensaje publicado en su perfil de X (ex-Twitter), Lula defendió las acciones de su administración desde 2023: «Hemos sustraído 19.800 millones de reales de las manos de los delincuentes, la mayor pérdida jamás infligida al crimen organizado, debilitando su liderazgo y redes financieras». Destacó un aumento del 80% en operativos de la Policía Federal –de 1.875 en 2022 a 3.393 en 2024, con 2.922 ya en 2025– y el decomiso récord de 850 toneladas de drogas el año pasado.

«Esto se logra con mayor inteligencia, integración de fuerzas de seguridad y enfoque en quienes financian y dirigen las facciones», enfatizó.La respuesta judicial no se hizo esperar. El domingo, la Corte Suprema ordenó al Gobierno de Río preservar todas las pruebas materiales de la operación, en cumplimiento de una sentencia previa que impone reglas estrictas para incursiones en favelas, con el fin de evitar abusos. Organismos como Anistía Internacional y la ONU han calificado el episodio como «masacre», exigiendo investigaciones independientes.

Lula, quien se reunió con su ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, y el director de la Policía Federal, anunció la creación de una Oficina de Emergencia contra el Crimen Organizado para coordinar esfuerzos federales y estatales. «No podemos aceptar que el crimen siga destruyendo familias, oprimiendo moradores y propagando violencia», declaró, recordando la mayor redada histórica de agosto, que desarticuló el núcleo financiero de una banda ligada al narcotráfico y lavado de dinero.

Para blindar estas estrategias, el Gobierno envió al Congreso dos proyectos clave: la Ley Antipandillas, que endurece penas y asfixia financieramente a las bandas, y una Enmienda de Seguridad Pública que moderniza la integración policial y asegura recursos permanentes a estados y municipios. «Estas medidas completan el ciclo de seguridad: investigación eficaz, integración institucional y marco jurídico sólido», concluyó Lula, subrayando que «atacar la raíz del narcotráfico salva vidas, sin poner en riesgo a policías, niños ni familias».

La declaración llega en un contexto de tensiones políticas, con Castro acusando al Ejecutivo central de reticencia en el apoyo contra el narco. Tras un encuentro entre Lewandowski y el gobernador, se pactó mayor colaboración, pero persisten dudas sobre la implementación. Expertos coinciden: el modelo de confrontación directa ha costado miles de vidas en Río desde 2000, con letalidad policial 80 veces superior a la media global.

Lula apuesta por una guerra inteligente, pero el reloj corre en las favelas, donde el CV y rivales como el Amigos dos Amigos reclaman territorio. Este posicionamiento no solo responde a la crisis inmediata, sino que redefine la agenda de seguridad para 2026, año electoral.

¿Logrará el petista transformar la indignación en reformas duraderas, o la violencia cíclica de Río devorará otra promesa? La ciudad, herida, espera respuestas.