Una reciente decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos ha desatado una crisis de incertidumbre para más de 60,000 inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal. El tribunal suspendió un fallo previo que protegía a estos ciudadanos, permitiendo que la administración de Donald Trump avance con la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS).
La Alianza Nacional del TPS denunció que esta resolución deja a miles de familias en riesgo inmediato de deportación, perdiendo beneficios laborales y la estabilidad construida durante décadas. «Son personas que este país reconoció como héroes durante la pandemia», señaló José Palma, coordinador de la Alianza, enfatizando que muchos son trabajadores esenciales con hijos ciudadanos estadounidenses.
Mientras el Gobierno celebra la medida bajo el argumento de que el TPS «no fue diseñado para ser permanente» y que las condiciones en dichas naciones han mejorado, las organizaciones defensoras y la Cancillería de Honduras critican la decisión por ignorar el impacto humanitario y las contribuciones económicas de los beneficiarios. La batalla legal no termina aquí: se espera que el caso escale hasta la Corte Suprema, mientras los afectados se organizan para exigir una solución legislativa permanente al Congreso.
Una reciente decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos ha desatado una crisis de incertidumbre para más de 60,000 inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal. El tribunal suspendió un fallo previo que protegía a estos ciudadanos, permitiendo que la administración de Donald Trump avance con la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS).
La Alianza Nacional del TPS denunció que esta resolución deja a miles de familias en riesgo inmediato de deportación, perdiendo beneficios laborales y la estabilidad construida durante décadas. «Son personas que este país reconoció como héroes durante la pandemia», señaló José Palma, coordinador de la Alianza, enfatizando que muchos son trabajadores esenciales con hijos ciudadanos estadounidenses.
Mientras el Gobierno celebra la medida bajo el argumento de que el TPS «no fue diseñado para ser permanente» y que las condiciones en dichas naciones han mejorado, las organizaciones defensoras y la Cancillería de Honduras critican la decisión por ignorar el impacto humanitario y las contribuciones económicas de los beneficiarios. La batalla legal no termina aquí: se espera que el caso escale hasta la Corte Suprema, mientras los afectados se organizan para exigir una solución legislativa permanente al Congreso.
