A partir del 16 de febrero, Nicaragua implementará un cambio drástico en su política de fronteras al eliminar el libre visado para ciudadanos de 128 naciones, incluyendo a Cuba, Venezuela, China y Vietnam. La Disposición No. 002-2026 del Ministerio del Interior establece que los viajeros de estos países ahora deberán tramitar una «Visa Consultada tipo C» para ingresar al territorio nacional. Esta medida representa un giro significativo en la apertura que Managua mantenía con aliados estratégicos, afectando directamente a portadores de pasaportes ordinarios que antes gozaban de facilidades migratorias o ingresos simplificados.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha justificado esta normativa como un ejercicio de soberanía destinado al «reordenamiento» y fortalecimiento de la seguridad nacional. Sin embargo, analistas internacionales y organismos como el Diálogo Interamericano sugieren que el control de los flujos migratorios ha sido utilizado históricamente por Managua como una herramienta de presión política y oportunidad económica. La nueva regulación busca centralizar el registro de ingresos, obligando a las aerolíneas y empresas de transporte terrestre a verificar rigurosamente la documentación antes del abordaje, bajo la supervisión directa de la Dirección General de Migración y Extranjería.

La lista de países afectados es sumamente diversa, abarcando una extensa franja de naciones en África y Asia, como Afganistán, Haití, Egipto y Nigeria. Aunque la restricción es severa para el ciudadano común, el reglamento contempla excepciones para quienes porten pasaportes diplomáticos, oficiales o de servicio, siempre que existan tratados bilaterales vigentes que respalden dichos privilegios. Esta distinción permite al gobierno nicaragüense mantener canales abiertos con las élites políticas de sus países aliados, mientras restringe de manera considerable el tránsito de civiles y potenciales migrantes en tránsito.

El impacto de esta decisión se sentirá de inmediato en los sectores del turismo y el comercio regional, sectores que dependían de la agilidad migratoria previa. Con esta disposición, Nicaragua cierra un ciclo de fronteras abiertas para ciudadanos de Estados políticamente complejos, alineando su estrategia interna con una vigilancia más estricta sobre quién entra y permanece en el país. Las representaciones consulares ya han sido notificadas para comenzar la gestión de estos visados, marcando una nueva etapa de hermetismo administrativo en el corazón de Centroamérica.