Por tercer año consecutivo, Nicaragua atraviesa una Semana Santa marcada por el silencio forzado y la represión. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha impuesto una prohibición total de manifestaciones religiosas en la vía pública, desplegando a más de 14,000 agentes policiales para cercar los templos y evitar que cualquier imagen sagrada o grupo de fieles pise las calles.

La abogada Martha Patricia Molina ha denunciado que el acoso no se limita al exterior; dentro de las iglesias, las homilías son vigiladas por policías e informantes civiles que buscan detectar cualquier crítica al gobierno. Esta persecución ha borrado tradiciones ancestrales: no hay palmas agitándose, ni viacrucis, ni el emblemático Santo Entierro que solía recorrer los pueblos en un ambiente de devoción.

El trauma de la Semana Santa de 2023 en Nindirí aún resuena, cuando jóvenes vestidos de cirineos fueron perseguidos por la policía como si fueran delincuentes, obligándolos a abandonar sus cruces y túnicas para escapar de la detención. Hoy, la fe nicaragüense se vive en un encierro forzado, mientras el régimen intenta sofocar la identidad religiosa de un pueblo que, a pesar del asedio, mantiene su devoción tras los muros de las parroquias.