Guatemala vive una jornada de luto y tensión tras el asesinato de ocho agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) este domingo, un ataque atribuido a estructuras criminales que ha desencadenado motines en tres centros penitenciarios del país. Este estallido de violencia marca el punto más crítico en la confrontación entre el Gobierno de Bernardo Arévalo de León y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha.
El fin de los privilegios
La raíz del conflicto se encuentra en el traslado de cabecillas, como Aldo Ochoa (alias «El Lobo»), a la cárcel de alta seguridad ‘Renovación I’. Esta medida eliminó beneficios históricos de los que gozaban los reos, tales como comida a domicilio, aire acondicionado y acceso a telecomunicaciones para coordinar extorsiones. Los motines actuales son una respuesta directa a la pérdida de estos lujos y al control estatal sobre los penales.
Un trasfondo político y judicial
El presidente Arévalo ha vinculado estos ataques con sectores que buscan desestabilizar el país en un año clave. En mayo próximo, el Ejecutivo deberá nombrar al reemplazo de la fiscal general, Consuelo Porras, y renovar la Corte de Constitucionalidad. Según el mandatario, grupos que se benefician de la corrupción están utilizando el terror de las pandillas para frenar la recuperación del sistema de justicia.
El Gobierno ha ratificado que no retrocederá en su estrategia de seguridad y que perseguirá con rigor a los responsables del asesinato de los uniformados.
