El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, reafirmó el compromiso del Gobierno de El Salvador en la lucha frontal contra las estructuras criminales transnacionales al confirmar la captura de tres individuos vinculados al tráfico ilícito de drogas.
El funcionario enfatizó que el territorio salvadoreño no permitirá el ingreso de delincuentes que pretendan utilizar el país como puente para el narcotráfico o cualquier otra actividad ilegal. Esta postura contundente busca enviar un mensaje claro a las organizaciones delictivas sobre la vigilancia extrema que mantienen las autoridades en los puntos de control y fronteras para garantizar la paz social y la soberanía nacional.
La División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil ejecutó el operativo que resultó en la detención de dos ciudadanos guatemaltecos, identificados como Selvin Omar Guevara Paredes y Wendy Daniela Juárez Martínez, junto al salvadoreño Francisco Antonio Díaz Hernández. Los implicados utilizaban una modalidad de engaño al transportar las sustancias ilícitas dentro de equipaje destinado a turistas provenientes de Guatemala.
Durante el procedimiento, las fuerzas de seguridad lograron incautar un kilogramo de cocaína y una porción de marihuana, cargamento que posee un valor estimado en el mercado de 25,175 dólares, además de decomisar 7,900 dólares en efectivo que presuntamente forman parte de las transacciones delictivas de esta red.
Este golpe al narcotráfico evidencia la eficacia de los protocolos de inspección y la coordinación de inteligencia policial en las zonas limítrofes. El Ministro Villatoro fue enfático al señalar que todo aquel que intente burlar las leyes salvadoreñas enfrentará las consecuencias legales correspondientes y será puesto a disposición de los tribunales para cumplir penas de cárcel.
Con estas acciones, las instituciones de seguridad pública continúan fortaleciendo el Plan Control Territorial, asegurando que los recursos del Estado se enfoquen en desarticular cualquier intento de desestabilización criminal que ponga en riesgo la integridad de la población y el orden público.
