El Parlamento Centroamericano reaccionó con firmeza ante la decisión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de retirar de forma inmediata a Nicaragua del foro regional. Mediante una nota oficial con fecha del 3 de octubre de 2026, la cancillería nicaragüense notificó la denuncia del Tratado Constitutivo argumentando el ejercicio pleno de su soberanía.

En respuesta, la presidenta del organismo, Karla Gutiérrez, convocó de urgencia a la Junta Directiva para analizar las implicaciones jurídicas de esta medida unilateral. Bajo el principio Pacta Sunt Servanda, la institución recordó que los compromisos internacionales firmados de buena fe deben honrarse para garantizar la estabilidad de la región. Asimismo, remarcó que la soberanía de cada Estado se fortalece mediante el respeto a las normas vigentes y a la democracia representativa.

Esta ruptura ocurre un día después de que la Organización de Estados Americanos aprobara de forma unánime una resolución que exige la restitución de las libertades públicas y la liberación de presos políticos en el país vecino. Con este paso, Nicaragua profundiza su aislamiento internacional tras sus previas salidas de la OEA, la Corte Centroamericana de Justicia y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.