La justicia de Perú dictó una condena de 11 años y 5 meses de prisión contra el expresidente Pedro Castillo, tras determinar su responsabilidad en el intento de golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre de 2022.
Según las autoridades judiciales, Castillo abusó de su cargo al anunciar la disolución del Congreso y la reestructuración del sistema judicial, acciones consideradas como un quiebre del orden constitucional.
El exmandatario, quien permanece detenido desde aquel día, enfrentaba cargos por rebelión y abuso de autoridad. Aunque él sostiene que fue víctima de persecución política, el tribunal concluyó que sus decisiones pusieron en riesgo la estabilidad democrática del país. La sentencia también incluye restricciones a sus derechos políticos mientras cumpla la condena.
El caso mantiene dividida a la población peruana. Para sus críticos, la resolución reafirma el respeto a la institucionalidad; para sus seguidores, representa una muestra más de la crisis política que vive Perú desde hace varios años.
El intento de golpe desencadenó una serie de protestas y cambios repentinos en la presidencia, profundizando la inestabilidad que aún afecta al país. Con esta sentencia, la justicia peruana busca cerrar uno de los capítulos más tensos de su historia reciente.
