El gobierno de Donald Trump ha intensificado las exigencias hacia México en materia de seguridad y combate al narcotráfico mediante un memorando oficial enviado al Congreso estadounidense. Aunque la Casa Blanca reconoce los recientes avances de la administración de Claudia Sheinbaum, como el desmantelamiento de laboratorios, incautaciones históricas e incursiones contra líderes de carteles, enfatiza que los esfuerzos e inversiones actuales continúan siendo insuficientes ante la magnitud del problema.

Washington urgió al Gobierno mexicano a arrestar y enjuiciar a los funcionarios públicos corruptos que colaboran con las organizaciones criminales, al tiempo que pidió reforzar el control e inspección en los puertos de entrada y aduanas. Esta postura coincide con el ambiente de presión marcado por el calendario electoral en Estados Unidos, donde tanto demócratas como republicanos disputan el control del Congreso en un escenario político altamente competitivo.

Por su parte, las autoridades mexicanas respaldan sus resultados destacando una reducción superior al 50% en los homicidios y reafirmando de manera firme la defensa de la soberanía nacional. No obstante, las declaraciones de la Casa Blanca insisten en que México debe acelerar sus medidas contra los grupos delictivos para frenar de forma definitiva el flujo de sustancias ilícitas hacia el norte.