El gobierno de Nicaragua se ha consolidado como un entorno hostil para turistas y creadores de contenido debido al incremento en la vigilancia estatal, retención de equipos y expulsiones arbitrarias. Apoyado en reformas a la Ley 761, el régimen de Daniel Ortega otorga a las autoridades migratorias la facultad de denegar el ingreso o deportar a cualquier visitante bajo el argumento de representar un riesgo a la seguridad nacional.

Diversos blogueros de viajes han denunciado interrogatorios exhaustivos, revisión de teléfonos móviles y confiscación de drones y cámaras profesionales al intentar documentar aspectos cotidianos o turísticos. Un caso reciente involucró a la pareja de creadores Wyatt y Reyka, quienes fueron retenidos por más de tres horas en Managua tras utilizar un dron en la laguna de Tiscapa.

Especialistas advierten que estas acciones buscan controlar estrictamente la imagen que se proyecta del país en redes sociales y frenar cualquier narrativa ajena a la versión oficial. Para los creadores locales, el panorama ha forzado la autocensura, el cierre de canales digitales o el exilio para evitar penas de cárcel bajo la Ley de Ciberdelitos.