La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sufrió un importante revés este lunes al perder la elección para integrar la Corte de Constitucionalidad por parte de la Universidad de San Carlos. El Consejo Superior Universitario designó a la abogada Julia Rivera con 23 votos, dejando a Porras sin apoyos en esta instancia estatal. Este proceso ocurre en un clima de alta tensión, marcado por protestas ciudadanas en Antigua Guatemala que rechazaban la posible llegada de la fiscal al máximo tribunal del país para el período 2026-2031.
A la derrota electoral se sumó una grave denuncia proveniente de Ginebra, donde expertos de la ONU solicitaron investigar a Porras por su presunta implicación en adopciones ilegales de niños indígenas durante la guerra civil en 1982. Según el comunicado, la actual fiscal habría fungido como tutora legal de al menos 80 menores en un hogar estatal, quienes posteriormente fueron entregados en procesos irregulares a familias extranjeras. El organismo internacional enfatizó la necesidad de realizar investigaciones independientes y exhaustivas sobre estos hechos históricos que involucran a funcionarios públicos.
Pese a estos cuestionamientos y a las sanciones previas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea por corrupción, Porras aún conserva vías para acceder a la magistratura. La ley guatemalteca establece que el Congreso y la Corte Suprema de Justicia todavía deben designar a sus representantes, espacios donde la fiscal podría postularse. Obtener una silla en la Corte de Constitucionalidad resulta estratégico para ella, ya que le otorgaría inmunidad judicial una vez finalice su mandato al frente del Ministerio Público en mayo próximo.
La renovación del tribunal es considerada vital para el futuro democrático de Guatemala y la gestión del presidente Bernardo Arévalo, quien ha enfrentado constantes intentos de la Fiscalía por invalidar su mandato. Mientras el Colegio de Abogados ya eligió a la opositora Astrid Lemus, el país observa con atención las próximas designaciones del Ejecutivo y el Legislativo. La configuración final de la Corte determinará si prevalece la impunidad o si se fortalece el sistema de justicia frente a los señalamientos de abusos de poder.
