En medio de una profunda convulsión política y financiera, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció su renuncia al cargo. El detonante de esta crisis institucional fue la intervención del Banco Central del Paraguay (BCP) a Ueno Bank —la principal entidad financiera digital del país— tras detectar graves problemas de solvencia que dejaron a tres millones de usuarios sin acceso a sus ahorros y pusieron en riesgo 850 millones de dólares en fondos de pensiones estatales.

El escándalo salpicó directamente a Peña debido a sus pasados vínculos accionarios con el grupo financiero controlador, lo que derivó en duras acusaciones de corrupción y tráfico de influencias por parte de la oposición. Tras perder el respaldo político del Partido Colorado y ante la inminencia de un juicio político junto a masivas protestas en Asunción, Peña formalizó su dimisión mediante un mensaje público.

Sin embargo, la Cámara de Diputados decidió frenar la aprobación de la renuncia para evitar que el mandatario acceda a los fueros de senador vitalicio. El Congreso avanzó de manera unánime con el proceso de destitución penal, mientras el BCP intenta contener el caos bancario activando el Fondo de Garantía de Depósitos.