Seis exfuncionarios públicos guatemaltecos fueron declarados culpables el martes en relación con un incendio ocurrido en 2017 en el que murieron 41 niñas que habían sido encerradas en un aula de un hogar de acogida gestionado por el gobierno.

Ingrid Cifuentes, jueza de Ciudad de Guatemala, dictó penas de prisión acumulativas de hasta 25 años y algunas de tan solo seis años contra los seis acusados, que se habían declarado inocentes. Los fiscales habían solicitado penas más largas.

El incendio, ocurrido el 8 de marzo de 2017, el centro de acogida, situado en la localidad de San José Pinula, a unos 20 kilómetros de Ciudad de Guatemala, fue una de las tragedias más mortíferas ocurridas en Guatemala desde el final de la guerra civil, hace décadas. Se produjo en un hogar para jóvenes en situación de riesgo que habían sido acogidos ahí por el gobierno.

Santos Torres, exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, y Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social del gobierno, fueron condenados a un mínimo de 20 años de prisión cada uno, acusados de maltrato infantil, incumplimiento del deber, abuso de autoridad y homicidio involuntario.

Lucinda Marroquín —exagente de la policía nacional guatemalteca que tenía llave del aula pero no abrió inmediatamente la puerta, dijo la jueza— fue condenada a por lo menos 13 años.

Brenda Chamán, que dirigía el departamento de protección especial contra el maltrato de la Secretaría de Bienestar Social, fue condenada al menos a 12 años de prisión; Luis Pérez Borja, ex subcomisario de la policía nacional, fue condenado al menos a seis años; y Gloria Castro, exdefensora de la niñez de la Procuraduría de Derechos Humanos, fue condenada a seis años. Fueron condenados por diversos delitos, entre ellos abuso de menores, incumplimiento del deber, abuso de autoridad y homicidio involuntario.

Antes del incendio, casi 100 niños habían decidido huir en masa. Pero los funcionarios los reunieron y los encerraron dentro: a los niños en un auditorio y a las niñas en un salón pequeño.

Tras horas de encierro —en el que no se permitió a las niñas utilizar el baño— alguien encendió una cerilla, pensando que un incendio podría obligar a la policía a dejarlas salir. En lugar de ello, la mayoría de las niñas murieron mientras más de una decena de policías discutían sobre si su supervisora, de pie a 3 metros de distancia, debía abrir la puerta con las llaves que colgaban de su cinturón.

Las niñas, que no habían infringido ninguna ley y tenían entre 12 y 17 años, eran sobrevivientes de abusos sexuales, violencia o abandono, a menudo a manos de sus propias familias.

Edgar Pérez, abogado de derechos humanos que representó a algunas de las víctimas y a sus familias, dijo que era poco probable que los exfuncionarios públicos acabaran pronto en la cárcel porque las sentencias podían recurrirse.

Pero dijo que la sentencia demostraba “que el Estado falló y que los funcionarios que estaban a cargo del sistema del protección a la niñez no cumplieron sus funciones”.

Elba Contreras, de 22 años, que sobrevivió al incendio, aplaudió las sentencias y la orden de la jueza de que se realicen una serie de investigaciones sobre el caso, incluida una al expresidente Jimmy Morales por su papel al ordenar a la policía que acudiera al centro de acogida.

Contreras dijo que las niñas “ya van a descansar en paz”. Añadió: “Ya las puedo soltar”.