Guatemala vive una jornada de luto y tensión tras confirmarse que la cifra de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) asesinados por pandillas ha subido a 10 víctimas. Los ataques, presuntamente orquestados por el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13), surgieron como represalia luego de que las fuerzas de seguridad retomaran el control de prisiones de máxima seguridad que se encontraban en motín.

Ante la gravedad de la insurrección criminal, el presidente Bernardo Arévalo decretó un Estado de Sitio por 30 días, medida que fue ratificada por el Congreso con 149 votos. Esta disposición restringe derechos constitucionales como la libre reunión, la portación de armas y permite detenciones sin orden judicial para miembros de pandillas. Asimismo, se suspendieron las visitas en las cárceles y las clases a nivel nacional como medida preventiva.

Durante el homenaje a los «héroes caídos», el presidente Arévalo entregó el pabellón nacional a las familias afectadas, mientras el ministro de Gobernación, Marco Villeda, condenó los ataques que han dejado a otros agentes en estado crítico y con amputaciones. En el ámbito político, el Congreso fue escenario de fuertes acusaciones entre el oficialismo y la oposición, señalando supuestos vínculos familiares entre líderes de la UNE y cabecillas de pandillas declaradas como terroristas.