El Juzgado de Sentencia de San Vicente, en El Salvador, declaró inocentes por segunda vez a cinco líderes ambientalistas y comunitarios de la comunidad de Santa Marta, en el departamento de Cabañas. La decisión, anunciada en el Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia de San Salvador, absuelve a los acusados de los cargos de asesinato y asociación ilícita relacionados con la muerte de María Inés Alvarenga en agosto de 1989, durante el conflicto armado (1980-1992).
El fallo se basa en la falta de pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República, que no logró sostener la acusación.
Los acusados absueltos son: Antonio Pacheco (representante de la Asociación de Desarrollo Económico y Social – ADES Santa Marta), Saúl Rivas Ortega (también de ADES), Alejandro Laínez García, Miguel Ángel Gámez y Pedro Rivas Laínez. Todos son líderes comunitarios mayores de 60 años, con antecedentes de activismo antiminero y defensores de derechos humanos.
La jueza determinó que la Fiscalía no presentó evidencia suficiente para probar la culpabilidad. Además, el caso habría prescrito de haber existido pruebas válidas. Se ordenó suspender las órdenes de captura y se sobreseyó definitivamente el proceso. Los ambientalistas fueron absueltos por primera vez en octubre de 2024, pero la apelación de la Fiscalía obligó a reabrir el caso. El nuevo juicio se realizó del 29 al 31 de julio de 2025 en San Salvador, y los acusados permanecían bajo arresto domiciliario desde septiembre de 2023.
El caso, conocido como «Los 5 de Santa Marta», surgió en enero de 2023 cuando los líderes fueron detenidos acusados de secuestrar y asesinar a Alvarenga, supuestamente considerada «informante del ejército» por la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), de la que eran miembros durante la guerra civil. La Fiscalía alegó que el crimen ocurrió el 22 de agosto de 1989 en Santa Marta, una zona controlada por guerrilleros. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y ambientalistas denunciaron que se trataba de una persecución política orquestada por el gobierno de Nayib Bukele para silenciar a opositores a la minería metálica:
Santa Marta es el epicentro histórico de la resistencia antiminera, clave en la aprobación de la prohibición de la minería en 2017, en diciembre de 2024, el Congreso derogó esa ley y aprobó la Ley General de Minería Metálica, reactivando intereses extractivos en Cabañas, el caso se basa en testimonios cuestionados, incluyendo uno de un testigo que admitió no haber presenciado los hechos y acusaciones de tortura para obtener declaraciones.
Los detenidos pasaron nueve meses en prisión sin acceso a abogados ni familiares, y el caso fue elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por irregularidades procesales. Familiares y defensores afuera del tribunal, gritaron «¡Sí se pudo!» al conocer el fallo, celebrando la victoria contra la «persecución autoritaria». La Comunidad Santa Marta emitió un comunicado destacando que «aún quedan jueces independientes» y reiterando «No a la minería, sí a la vida».
Front Line Defenders y Amnistía Internacional aplaudieron la decisión como un triunfo para los derechos humanos, pero advirtieron sobre el «desmantelamiento del Estado de Derecho» en El Salvador. Este fallo marca el primer proceso judicial por un crimen de la guerra civil que concluye en absolución definitiva, en un contexto de tensiones por la reactivación minera y críticas internacionales al gobierno salvadoreño por judicialización de activistas.
La Fiscalía no ha anunciado apelaciones inmediatas, pero el caso resalta las divisiones en torno a la memoria histórica y la defensa ambiental en El Salvador.
