El presidente Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva que establece nuevas directrices para abordar la crisis de personas sin hogar en Estados Unidos, marcando un giro drástico en las políticas sociales del país. La medida autoriza el desmantelamiento forzoso de campamentos al aire libre y permite el internamiento civil involuntario de personas sin hogar que representen un riesgo para sí mismos o para otros.
La Casa Blanca ha presentado esta iniciativa como un plan para “acabar con la delincuencia y el desorden en las calles del país”. En ese marco, la orden también instruye a los gobiernos estatales y locales a facilitar el acceso obligatorio a tratamientos de salud mental o de adicciones, aún sin el consentimiento de los afectados.
El texto incluye la reasignación de fondos federales hacia centros de tratamiento y programas de rehabilitación, además de condicionar las subvenciones federales a las ciudades que hagan cumplir leyes contra la acampada urbana, el consumo abierto de drogas y la ocupación de espacios públicos. Aquellos gobiernos locales que mantengan registros activos de ofensores sexuales sin hogar también serán priorizados en la distribución de recursos.
La fiscal general Pam Bondi ha recibido instrucciones para revisar y revertir fallos judiciales que han limitado la capacidad de las autoridades locales para remover forzosamente a personas sin hogar de espacios públicos.
La secretaria de prensa Karoline Leavitt defendió la medida como parte del compromiso de la administración con “restaurar la seguridad en las ciudades” y “poner fin a la falta de vivienda crónica”, argumentando que esta nueva estrategia combina control público con atención médica obligatoria.
Críticos y organizaciones de derechos humanos han advertido que esta política puede criminalizar aún más la pobreza y vulnerar derechos constitucionales, mientras la administración sostiene que se trata de una respuesta firme ante lo que Trump ha descrito como una “emergencia nacional de desorden y deterioro urbano”.
