Lo que inició como una marcha pacífica contra la inseguridad y la clase política derivó en un saldo trágico: al menos un manifestante fallecido, más de 100 heridos y diez detenidos.
La multitudinaria protesta en el centro histórico de Lima, convocada por jóvenes de la Generación Z y gremios como la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (FEPUC) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se tornó violenta al acercarse a la sede del Congreso, donde choques con la Policía Nacional del Perú (PNP) escalaron el conflicto.
El detonante radica en la profunda crisis de inseguridad que azota al país, con una ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado que ha desbordado las capacidades del Estado.
Esta situación precipitó la destitución de la expresidenta Dina Boluarte el 10 de octubre mediante un juicio político exprés en el Congreso, lo que llevó al ascenso del derechista José Jerí –hasta entonces presidente del Legislativo– como mandatario transitorio hasta julio de 2026.
Críticamente impopular, el nuevo gobierno ha sido blanco de reclamos por su supuesta inacción ante la violencia callejera y la corrupción política. La manifestación, que reunió a miles en rechazo al Congreso y al Ejecutivo, transcurrió mayoritariamente sin incidentes hasta las 23:30 horas en la Plaza Francia.
Allí, un grupo de participantes intentó derribar las protecciones metálicas del Palacio Legislativo, lo que provocó una respuesta policial con gases lacrimógenos. En medio del caos, Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, un artista urbano de 32 años conocido como TRVKO, fue abatido por un disparo de arma de fuego.
Testigos oculares describen que Ruiz Sanz cayó víctima de un «terna» –agente policial encubierto sin identificación visible– que, al ser descubierto por manifestantes, abrió fuego durante su huida. El comandante general de la PNP, general Óscar Arriola, confirmó en conferencia de prensa que el suboficial de tercera Luis Magallanes, de la División de Investigación Criminal, fue el autor del disparo mortal.
Magallanes ha sido separado de su cargo y puesto a disposición de la justicia, mientras el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, dispuso investigaciones inmediatas, negando la presencia de «ternas» en la zona.La Defensoría del Pueblo reporta que Ruiz Sanz falleció por herida de bala en el tórax, elevando a 176 el número acumulado de heridos en protestas recientes, incluyendo uniformados, manifestantes y periodistas.
De los lesionados en esta jornada, 78 son policías (muchos por pedradas y objetos contundentes), 24 civiles y al menos ocho periodistas agredidos. Diez personas fueron detenidas por presuntos delitos como vandalismo y resistencia a la autoridad.
El presidente Jerí lamentó la muerte en su cuenta de X, llamando a un «diálogo nacional» y atribuyendo el caos a «infiltrados con agendas distintas». Organismos como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Amnistía Internacional exigieron «responsabilidades inmediatas», calificando el hecho como «homicidio estatal» y alertando sobre el uso indiscriminado de fuerza letal.
La congresista Susel Paredes, en el Pleno del Congreso, rechazó el «terruqueo» contra los manifestantes, recordando que la protesta es un derecho constitucional. Mientras hospitales limeños como el Almenara y el Dos de Mayo atienden a los heridos, colectivos juveniles anuncian una vigilia cultural esta noche en memoria de Ruiz Sanz, y un plantón para mañana frente a la sede de Asuntos Sociales de la PNP, en rechazo a detenciones arbitrarias de estudiantes.
La Federación de Estudiantes de San Marcos advierte que, sin avances en seguridad y justicia, las calles volverán a arder. Esta tragedia no solo agrava la fractura social en Perú, sino que cuestiona la legitimidad de un gobierno naciente en medio de la violencia. ¿Diálogo o represión? La respuesta definirá el rumbo de una nación al límite.
