Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, como parte de una operación contra el narcotráfico, según medios internacionales. Este despliegue incluye tres destructores de misiles guiados (USS Gravely, USS Jason Dunham, USS Sampson), el Grupo Anfibio Iwo Jima con los buques USS Iwo Jima, USS Fort Lauderdale y USS San Antonio, aproximadamente 4,000 marines, aviones de vigilancia P-8 Poseidon, y al menos un submarino nuclear.
La acción responde a una orden ejecutiva del presidente Donald Trump del 8 de agosto de 2025, que autoriza el uso de la fuerza militar contra cárteles latinoamericanos, incluidos el Cártel de los Soles, al que Washington vincula con Nicolás Maduro. Además, EE. UU. duplicó la recompensa por Maduro a 50 millones de dólares y confiscó 700 millones en bienes asociados al líder venezolano, acusándolo de narcotráfico
Por su parte, Nicolás Maduro anunció la movilización de 4.5 millones de milicianos de la Milicia Nacional Bolivariana, creada por Hugo Chávez, para defender la soberanía del país. Maduro calificó el despliegue estadounidense como una «amenaza extravagante» de un «imperio decadente» y lo denunció como un intento de cambio de régimen, asegurando que Venezuela «tiene con qué» para responder.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, desestimó las acusaciones de narcotráfico como «absurdas» y afirmó que el país está preparado para defenderse.
Aunque EE. UU. justifica el despliegue como una operación antidrogas, la falta de evidencia pública sobre la producción de fentanilo en Venezuela y la escala del operativo sugieren posibles motivaciones políticas, como presionar a Maduro o proyectar poder en la región.
La narrativa de Maduro refuerza su posición interna al presentarse como víctima del «imperialismo», mientras que la comunidad internacional permanece dividida, con aliados de Venezuela rechazando la intervención y otros apoyando a EE. UU. en su lucha contra el narcotráfico.
