Un terremoto político sacude a Colombia tras la emisión de un documento que pretendía apartar provisionalmente de su cargo al presidente Gustavo Petro. La orden, firmada por la representante Gloria Arizabaleta en su calidad de presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, buscaba suspender al mandatario hasta el próximo 21 de junio, fecha en la que se celebrará la segunda vuelta presidencial.

La medida cautelar se justificaba en una investigación contra el jefe de Estado por presunta participación indebida en política a través de sus redes sociales. Sin embargo, juristas, congresistas y expertos constitucionalistas aclararon de inmediato que la orden carece de validez jurídica real, ya que dicha comisión no tiene las facultades para deponer o suspender a un mandatario, competencia que la Constitución otorga exclusivamente al Senado tras un juicio político formal.

Desde Nueva York, donde presidía una sesión en la ONU, Petro desestimó las acusaciones de querer perpetuarse en el poder y ratificó que entregará el cargo el 7 de agosto de 2026. Por su parte, la oposición calificó la maniobra como una estrategia deliberada para victimizar al presidente y favorecer la campaña del candidato oficialista Iván Cepeda.