El Gobierno argentino, liderado por el presidente Javier Milei, anunció que presentará nuevas denuncias penales contra empresas y ejecutivos que realizan actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental de las islas Malvinas sin autorización del Estado suramericano.
Las acciones judiciales, cursadas en tribunales federales, no solo apuntan a las firmas involucradas sino que buscan individualizar a directores, gerentes y administradores que hayan participado en la toma de decisiones. El Ejecutivo argumenta que estas operaciones violan la legislación nacional y vulneran sus derechos soberanos sobre el archipiélago, administrado por el Reino Unido desde 1833.
Esta decisión amplía la demanda interpuesta contra la compañía israelí Navitas Petroleum, sus subsidiarias británicas y las canadienses JHI Associates y Eco Oil & Gas. Dichas entidades impulsan el proyecto offshore Sea Lion, situado a 220 kilómetros del territorio insular, con el objetivo de iniciar la extracción de crudo en el año 2028.
De forma complementaria a la vía judicial, las autoridades de Argentina iniciaron procedimientos administrativos para sancionar a 60 empresas y accionistas vinculados a estas actividades energéticas, asegurando que agotarán todos los recursos legales a su disposición.
