Las organizaciones no gubernamentales (ONG) que comparecieron recientemente ante el Congreso de los Estados Unidos para denunciar supuestas violaciones a derechos humanos en El Salvador han iniciado un cambio de narrativa tras la fuerte crítica pública. Durante el encuentro, representantes de entidades como Cristosal, El Faro y Human Rights Watch sostuvieron que los derechos de los criminales «prevalecen» sobre las políticas estatales, e incluso evitaron calificar a la MS-13 como grupo terrorista.

El presidente Nayib Bukele calificó la participación de estas organizaciones como un fracaso total, señalando que en Washington ratificaron su rol como defensores de delincuentes. «Fueron claros en que no importaban los crímenes cometidos; ahora intentan decir que defienden inocentes porque les salió el tiro por la culata», afirmó el mandatario.

Por su parte, el analista Mauricio Rodríguez cuestionó la ética de estas organizaciones, señalando su silencio histórico ante las atrocidades de las pandillas. Rodríguez destacó que estas ONG nunca se pronunciaron por las víctimas de masacres o violaciones cometidas por criminales en el pasado. Según el experto, los congresistas estadounidenses valoran los resultados de la estrategia de seguridad de Bukele, la cual no solo ha pacificado al país, sino que ha reducido costos en el combate al crimen transfronterizo y el narcotráfico.