En la octava jornada del juicio contra 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas contundentes sobre la capacidad financiera de la estructura criminal. A través de intervenciones telefónicas, se confirmó que la pandilla disponía de un fondo base de $500,000, acumulado exclusivamente mediante la extorsión sistemática a comerciantes y transportistas.

Las grabaciones revelan discusiones internas bajo el denominado «proyecto familia», una unificación de clicas que buscaba centralizar los recursos tras intentos de división interna. En los audios, un administrador financiero de la estructura reclama a otros líderes la necesidad de ser «parejos» en la distribución del dinero, evidenciando una organización jerárquica con presupuestos definidos.

De acuerdo con el fiscal Max Muñoz, este capital no solo servía para el sostenimiento de las células, sino que tenía un objetivo bélico. La prioridad de la MS era la compra de armamento, planeando adquirir «juguetes» (armas) a precios de mercado negro para «prepararse para la guerra». Las autoridades buscan que estas pruebas aseguren condenas por delitos de homicidio agravado, agrupaciones ilícitas y extorsión, demostrando el control financiero que la pandilla ejercía sobre diversos sectores productivos del país.