El exfiscal general de El Salvador, Luis Martínez, fue condenado a 10 años de prisión tras ser encontrado culpable de fraude procesal y omisión de investigación, delitos relacionados con el montaje de un proceso judicial contra una víctima en 2016.
La sentencia fue emitida por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, luego de semanas de juicio en las que se valoraron pruebas presentadas por la Fiscalía que demostraban la manipulación de procesos judiciales durante la gestión de Martínez.
En el mismo fallo también fueron condenados otros implicados en la red de fabricación de procesos:
Julio Adalberto Arriaza González, exempleado de la Fiscalía, recibió 5 años de cárcel por fraude procesal.
Héctor Francisco Grimaldi, sentenciado a 6 años de prisión por dos casos de fraude procesal en concurso real, sin posibilidad de sustituir la pena.
El caso, que salió a la luz en 2016, reveló prácticas de manipulación de expedientes y persecución judicial durante la administración de Martínez, considerado uno de los procesos más emblemáticos en la lucha contra la corrupción en el sistema judicial salvadoreño.
